Las libertades, y la Libertad en mayúsculas, deberían estar protegidas de manera firme e inequívoca por mandato constitucional. Deberían quedar blindadas frente a vaivenes políticos, intereses coyunturales o mayorías circunstanciales, de modo que no pudiera legislarse sobre ellas a la ligera desde el Parlamento, y mucho menos sin un consenso amplio, sólido y verdaderamente representativo de la voluntad popular. La libertad no puede convertirse en moneda de cambio ni en instrumento de confrontación partidista y tampoco en lo que es ahora: jarrillo de mano para políticos gandules y aburridos.
Nadie debería cuestionar, restringir o limitar las libertades individuales y colectivas sin una causa grave, excepcional y plenamente justificada, sometida además a controles rigurosos y extemporales. Cualquier recorte de libertad debería ser siempre el último recurso, no la primera respuesta. Sin embargo, en la práctica actual, parece que muchos actores políticos juegan con prohibiciones, restricciones y limitaciones como si fueran herramientas ordinarias de gobierno, normalizando lo que debería ser súper extraordinario.
Este albedrío en el uso del poder para imponer límites a la libertad debe terminar. La arbitrariedad caprichosa y el uso como un juguete erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilita los pilares mismos del Estado de derecho. En una democracia auténtica, la libertad no es un concepto accesorio ni un derecho que cualquier institución puede recortar: es un valor fundamental, el núcleo que da sentido al sistema democrático y la razón última de su existencia. Sin libertad real y garantizada, la democracia se vacía de contenido y se convierte en una mera apariencia formal. En eso estamos, la palabra democracia es solo una etiqueta.
