La vivienda es, hoy por hoy, el principal problema estructural de España. Y no será porque nuestro país no arrastre dificultades gravísimas en múltiples ámbitos: precariedad laboral, envejecimiento demográfico, desigualdad social, deterioro de los servicios públicos o desafección política. Sin embargo, la vivienda se sitúa en el epicentro de todos ellos, porque actúa como base material imprescindible para la formación de hogares, el desarrollo vital de las personas y la emancipación de la juventud. Cuando una sociedad es incapaz de garantizar el acceso digno a la vivienda, está evidenciando un fracaso profundo de su modelo económico, político y moral. La vivienda se convierte así en la punta de lanza que revela una sociedad desequilibrada y fallida.
El problema de la vivienda no surge de manera espontánea ni accidental; comienza y se enquista por una grave confusión conceptual que atraviesa numerosos niveles políticos, institucionales y empresariales. Se legisla, se invierte y se especula sin haber definido previamente qué es la vivienda y cuál es su función social en una sociedad moderna. Sin una definición clara y compartida, cualquier intento de solución será parcial, ineficaz o directamente contraproducente.
Para empezar a vislumbrar una salida real al problema, es imprescindible definir con total precisión qué es la vivienda y qué papel debe desempeñar. La vivienda es, ante todo, un bien de uso esencial. Su función principal es garantizar un espacio seguro, estable y digno donde las personas puedan desarrollar su vida personal, familiar y social. En este sentido, la vivienda no puede equipararse a bienes de inversión clásicos como el oro o los diamantes, que carecen de valor de uso directo y cuya finalidad es exclusivamente la acumulación de capital. A diferencia de estos activos, la vivienda satisface una necesidad básica y no es un bien acumulable en términos sociales: nadie necesita más de una vivienda para formar un hogar.
Tampoco la vivienda es, ni debe ser, un instrumento de especulación financiera. Para eso existen la bolsa y los mercados secundarios de activos financieros, diseñados precisamente para asumir riesgos y generar beneficios a través de la inversión. Convertir la vivienda en un producto especulativo no solo distorsiona su función social, sino que expulsa a amplias capas de la población del acceso a un derecho básico.
En el contexto actual, marcado por la acumulación masiva de viviendas en manos de particulares con múltiples propiedades, grandes tenedores y fondos de inversión —muchos de ellos conocidos como fondos buitre—, es imprescindible entender que este tipo de inversión debería tener una rentabilidad limitada y de recuperación lenta. La seguridad inherente a la vivienda como activo y su carácter esencial obligan a asumir que no puede ofrecer beneficios rápidos ni desproporcionados. Pretender lo contrario es incompatible con una sociedad justa.
De esta definición se derivan consecuencias políticas y económicas claras:
Los alquileres deben tener un carácter social. En ningún caso deberían superar el 25 % del salario mínimo interprofesional, garantizando así que trabajar permita vivir con dignidad y no únicamente sobrevivir o mendigar.
La fiscalidad sobre la vivienda debe revisarse en profundidad. Los impuestos que afectan a un bien básico no pueden equipararse a los de bienes de lujo. Gravar de forma indiscriminada la vivienda castiga a quienes la necesitan para vivir y no a quienes la utilizan como herramienta de acumulación.
Los inversores que no acepten estas condiciones tienen alternativas claras en los mercados financieros. Nadie está obligado a invertir en vivienda; quien busque altas rentabilidades puede acudir a la bolsa y asumir los riesgos correspondientes.
La acumulación de viviendas debe penalizarse de manera contundente, especialmente cuando permanecen vacías. No puede resultar rentable retener viviendas sin uso mientras miles de personas carecen de un hogar. La especulación pasiva debe dejar de ser una opción atractiva.
En este marco, el Estado tiene una responsabilidad ineludible. Debe convertirse en el principal garante del derecho a la vivienda, gestionando el mayor parque público posible y regulando de forma estricta el mercado del alquiler. La vivienda no puede quedar exclusivamente en manos de la lógica del mercado, porque el mercado no garantiza derechos, solo beneficios. Las leyes del mercado del s.XXI ya no son las mismas de la oferta y demanda o “la mano invisible” de Adam Smith.
Finalmente, una sociedad que se tome en serio el derecho a la vivienda debe actuar con firmeza frente a los abusos. Toda persona o entidad que engañe, trafique, extorsione o intente enriquecerse de forma desmedida a costa de una necesidad básica debe enfrentarse a sanciones severas. No se trata de demonizar la propiedad, sino de poner límites claros cuando el beneficio privado atenta contra el bienestar colectivo. Ha de primar lo segundo. Por tanto, garantizar el acceso a la vivienda no es una cuestión ideológica, sino una condición imprescindible para la cohesión social, la estabilidad económica y la dignidad humana. Sin vivienda, no hay futuro posible. Si la juventud no toma el relevo. ¿Qué nos queda?
