Los poderes políticos, incluso en “democracia”, solo persiguen sus propios fines e intereses, para ello distorsionan la realidad y erosionan el ánimo de los pueblos. No lo hacen sólo con palabras: emplean medios de comunicación, instituciones y políticas para imponer narrativas que benefician a unos pocos. Seleccionan hechos, ocultan testimonios y reinterpretan la historia para legitimar decisiones que de otro modo serian totalmente ilegitimas. Como consecuencia, la sociedad civil ve como se erosiona su tradición, su participación política y su capacidad de imaginar alternativas; la diversidad cultural y política se empobrece y el enfrentamiento entre las personas aumenta, dejando a los pueblos más vulnerables y maleables frente a la manipulación y la indiferencia. Pero siempre hay una gota que colma el vaso y termina con la idiocia política.
Me agota profundamente observar, día tras día, cómo las luchas contra los abusos de poder, por la defensa de nuestros derechos más básicos y, sobre todo, por la preservación de nuestra libertad, se convierten en un esfuerzo constante y casi heroico frente a unas administraciones que, paradójicamente, nosotros mismos elegimos y financiamos. Instituciones que deberían existir para servir al ciudadano terminan actuando en sentido contrario: generándonos obstáculos innecesarios, multiplicando la burocracia hasta lo absurdo, vaciando nuestros bolsillos a través de impuestos mal gestionados y tomando decisiones que perjudican directamente a quienes sostienen el sistema con su trabajo y sus votos.
Estas son, tristemente, las políticas y los políticos de nuestro tiempo. Y la pregunta es inevitable: ¿Cómo entender algo así? La respuesta parece sencilla y, a la vez, desesperante: no se entiende. Vivimos en un mundo al revés, donde lo lógico se vuelve excepcional y lo absurdo se normaliza. Es la tontería institucionalizada, la estupidez convertida en discurso, y el discurso materializado en figuras políticas que encarnan una contradicción grotesca: vagos e inútiles revestidos de títulos, ilustradísimos ignorantes que hablan mucho y entienden poco, expertos en retórica pero incompetentes en gestión.
Lo más desconcertante es observar cómo organizaciones, asociaciones y colectivos ciudadanos terminan luchando contra sus propios gestores, como si fuera natural combatir a quienes supuestamente deberían representarnos. Cuando en realidad la solución debería ser mucho más simple: prescindir de ellos y elegir a otros. Cambiar el tipo de contrato simbólico que firmamos cada cuatro años con nuestro voto. Porque eso es exactamente lo que es: un contrato de confianza que debería incluir una cláusula básica e inviolable: no gobernar en contra de los intereses de quienes te han elegido.
Entonces surge otra pregunta aún más incómoda: ¿Qué clase de entendederas hay que tener para no comprender algo tan elemental? ¿Cómo se puede fallar de manera tan sistemática en lo esencial? Y, peor aún, ¿por qué ese empeño constante en tratarnos como imbéciles para justificar sus errores? Ese esfuerzo deliberado por rebajar el nivel del debate público, por manipular el lenguaje, por distorsionar la realidad hasta adaptarla a su incompetencia. Como si la única forma de sostener su relato fuera empujarnos a su mismo terreno: el de la confusión, la mediocridad y el desprecio por la inteligencia colectiva.
Las libertades, y la Libertad en mayúsculas, deberían estar protegidas de manera firme e inequívoca por mandato constitucional. Deberían quedar blindadas frente a vaivenes políticos, intereses coyunturales o mayorías circunstanciales, de modo que no pudiera legislarse sobre ellas a la ligera desde el Parlamento, y mucho menos sin un consenso amplio, sólido y verdaderamente representativo de la voluntad popular. La libertad no puede convertirse en moneda de cambio ni en instrumento de confrontación partidista y tampoco en lo que es ahora: jarrillo de mano para políticos gandules y aburridos.
Nadie debería cuestionar, restringir o limitar las libertades individuales y colectivas sin una causa grave, excepcional y plenamente justificada, sometida además a controles rigurosos y extemporales. Cualquier recorte de libertad debería ser siempre el último recurso, no la primera respuesta. Sin embargo, en la práctica actual, parece que muchos actores políticos juegan con prohibiciones, restricciones y limitaciones como si fueran herramientas ordinarias de gobierno, normalizando lo que debería ser súper extraordinario.
Este albedrío en el uso del poder para imponer límites a la libertad debe terminar. La arbitrariedad caprichosa y el uso como un juguete erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilita los pilares mismos del Estado de derecho. En una democracia auténtica, la libertad no es un concepto accesorio ni un derecho que cualquier institución puede recortar: es un valor fundamental, el núcleo que da sentido al sistema democrático y la razón última de su existencia. Sin libertad real y garantizada, la democracia se vacía de contenido y se convierte en una mera apariencia formal. En eso estamos, la palabra democracia es solo una etiqueta.
La vivienda es, hoy por hoy, el principal problema estructural de España. Y no será porque nuestro país no arrastre dificultades gravísimas en múltiples ámbitos: precariedad laboral, envejecimiento demográfico, desigualdad social, deterioro de los servicios públicos o desafección política. Sin embargo, la vivienda se sitúa en el epicentro de todos ellos, porque actúa como base material imprescindible para la formación de hogares, el desarrollo vital de las personas y la emancipación de la juventud. Cuando una sociedad es incapaz de garantizar el acceso digno a la vivienda, está evidenciando un fracaso profundo de su modelo económico, político y moral. La vivienda se convierte así en la punta de lanza que revela una sociedad desequilibrada y fallida.
El problema de la vivienda no surge de manera espontánea ni accidental; comienza y se enquista por una grave confusión conceptual que atraviesa numerosos niveles políticos, institucionales y empresariales. Se legisla, se invierte y se especula sin haber definido previamente qué es la vivienda y cuál es su función social en una sociedad moderna. Sin una definición clara y compartida, cualquier intento de solución será parcial, ineficaz o directamente contraproducente.
Para empezar a vislumbrar una salida real al problema, es imprescindible definir con total precisión qué es la vivienda y qué papel debe desempeñar. La vivienda es, ante todo, un bien de uso esencial. Su función principal es garantizar un espacio seguro, estable y digno donde las personas puedan desarrollar su vida personal, familiar y social. En este sentido, la vivienda no puede equipararse a bienes de inversión clásicos como el oro o los diamantes, que carecen de valor de uso directo y cuya finalidad es exclusivamente la acumulación de capital. A diferencia de estos activos, la vivienda satisface una necesidad básica y no es un bien acumulable en términos sociales: nadie necesita más de una vivienda para formar un hogar.
Tampoco la vivienda es, ni debe ser, un instrumento de especulación financiera. Para eso existen la bolsa y los mercados secundarios de activos financieros, diseñados precisamente para asumir riesgos y generar beneficios a través de la inversión. Convertir la vivienda en un producto especulativo no solo distorsiona su función social, sino que expulsa a amplias capas de la población del acceso a un derecho básico.
En el contexto actual, marcado por la acumulación masiva de viviendas en manos de particulares con múltiples propiedades, grandes tenedores y fondos de inversión —muchos de ellos conocidos como fondos buitre—, es imprescindible entender que este tipo de inversión debería tener una rentabilidad limitada y de recuperación lenta. La seguridad inherente a la vivienda como activo y su carácter esencial obligan a asumir que no puede ofrecer beneficios rápidos ni desproporcionados. Pretender lo contrario es incompatible con una sociedad justa.
De esta definición se derivan consecuencias políticas y económicas claras:
Los alquileres deben tener un carácter social. En ningún caso deberían superar el 25 % del salario mínimo interprofesional, garantizando así que trabajar permita vivir con dignidad y no únicamente sobrevivir o mendigar.
La fiscalidad sobre la vivienda debe revisarse en profundidad. Los impuestos que afectan a un bien básico no pueden equipararse a los de bienes de lujo. Gravar de forma indiscriminada la vivienda castiga a quienes la necesitan para vivir y no a quienes la utilizan como herramienta de acumulación.
Los inversores que no acepten estas condiciones tienen alternativas claras en los mercados financieros. Nadie está obligado a invertir en vivienda; quien busque altas rentabilidades puede acudir a la bolsa y asumir los riesgos correspondientes.
La acumulación de viviendas debe penalizarse de manera contundente, especialmente cuando permanecen vacías. No puede resultar rentable retener viviendas sin uso mientras miles de personas carecen de un hogar. La especulación pasiva debe dejar de ser una opción atractiva.
En este marco, el Estado tiene una responsabilidad ineludible. Debe convertirse en el principal garante del derecho a la vivienda, gestionando el mayor parque público posible y regulando de forma estricta el mercado del alquiler. La vivienda no puede quedar exclusivamente en manos de la lógica del mercado, porque el mercado no garantiza derechos, solo beneficios. Las leyes del mercado del s.XXI ya no son las mismas de la oferta y demanda o “la mano invisible” de Adam Smith.
Finalmente, una sociedad que se tome en serio el derecho a la vivienda debe actuar con firmeza frente a los abusos. Toda persona o entidad que engañe, trafique, extorsione o intente enriquecerse de forma desmedida a costa de una necesidad básica debe enfrentarse a sanciones severas. No se trata de demonizar la propiedad, sino de poner límites claros cuando el beneficio privado atenta contra el bienestar colectivo. Ha de primar lo segundo. Por tanto, garantizar el acceso a la vivienda no es una cuestión ideológica, sino una condición imprescindible para la cohesión social, la estabilidad económica y la dignidad humana. Sin vivienda, no hay futuro posible. Si la juventud no toma el relevo. ¿Qué nos queda?
Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan.
Socrates
Socrates ante el tribunal que lo condeno a muerte:
"He sido condenado no por falta de palabras, sino por atrevimiento y desvergüenza; por negarme a deciros lo que tanto os gusta escuchar; por no lamentarme, llorar, o hacer y decir muchas cosas indignas de mí, como antes señalaba y que soléis oír a otros". Platón, Apología de Sócrates.
Álvarez de Mon
El silencio, la omisión, el hacerse el distraído, el consentimiento tácito y cotidiano es una forma más de hacer política; constituye el caldo de cultivo donde los más aprovechados y espabilados sientan sus reales. «El mito del líder».
