Vivimos en una sociedad donde, de manera permanente, debemos luchar por preservar el sentido común y la cordura colectiva. En un contexto marcado por la complejidad y la incertidumbre, parecería lógico que las instituciones públicas y los representantes políticos actuaran como guías orientadoras, capaces de aportar estabilidad y soluciones. Sin embargo, con frecuencia ocurre lo contrario: muchos actores institucionales parecen empeñados en remar a contracorriente, generando dinámicas que no solo no resuelven los problemas existentes, sino que a menudo los amplifican.
Esta disfuncionalidad institucional se hace evidente cuando observamos la proliferación constante de normativas, regulaciones y marcos legales que afectan a prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Lejos de aportar claridad, esta saturación normativa tiende a producir un efecto de asfixia que dificulta el desarrollo personal, económico y comunitario. La complejidad excesiva de leyes y regulaciones termina por alejar a la ciudadanía del propio sistema político, pues muchos perciben que las reglas del juego son incomprensibles, cambiantes o desproporcionadas.
Además, la sobreproducción legislativa se convierte en un síntoma de un Estado que intenta responder a cualquier desafío con nuevas normas, en lugar de evaluar y mejorar la eficacia de las ya existentes. Esto provoca un desgaste institucional y social que incrementa la burocracia, alimenta la desconfianza ciudadana y vuelve más lento el funcionamiento de la administración pública. En última instancia, el ciudadano se ve obligado a navegar en un terreno donde las reglas mutan constantemente, generando un sentimiento de agotamiento y frustración generalizada.
Es necesario reflexionar sobre la necesidad de repensar el papel del Estado y de sus instituciones: ¿cómo fomentar un marco jurídico más claro y amigable? ¿Cómo recuperar la legitimidad perdida y reconstruir la relación entre ciudadanía e instituciones? Solo a partir de preguntas así, podremos aspirar a una sociedad en la que el sentido común y la convivencia democrática no sean una lucha diaria, sino una tarea compartida.
